El fallo exige respetar el debido proceso antes de proceder con deportaciones de migrantes, incluso en casos vinculados a la seguridad nacional. El fallo no niega la deportación, pero exige el cumplimiento del debido proceso.
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este viernes 16 de mayo el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar migrantes venezolanos sin pruebas contundentes de su vinculación con grupos criminales. El tribunal determinó que el gobierno debe respetar el debido proceso legal, incluso en casos relacionados con la seguridad nacional.
El fallo, aprobado por 7 votos contra 2, suspende de forma temporal las deportaciones exprés de venezolanos acusados de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua, invocadas bajo esta antigua ley por la administración de Donald Trump. La medida establece que los afectados deben tener más de 24 horas para preparar su defensa legal y ser informados adecuadamente sobre sus derechos, antes de ser expulsados del país.
La decisión fue respaldada incluso por dos jueces conservadores nombrados por Trump durante su primer mandato. Los magistrados Samuel Alito y Clarence Thomas votaron en contra, argumentando que la Corte aún no debía intervenir en este asunto.
La resolución devuelve el caso a tribunales inferiores del Quinto Circuito, con sede en Texas, para que determinen los procedimientos legales que deberán seguirse con los migrantes actualmente detenidos.
¿Qué plantea la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798?
La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, promulgada como parte de los llamados Leyes de Extranjería y Sedición, la Ley de Enemigos Extranjeros autoriza al Presidente de Estados Unidos a ordenar la detención, reubicación o deportación inmediata de ciudadanos extranjeros originarios de países con los que Estados Unidos esté en guerra, si considera que representan un peligro para la seguridad nacional.
Esta ley no requiere una orden judicial previa ni garantiza derecho a audiencia para los afectados, siempre que estos sean ciudadanos del país enemigo.
Aunque fue pensada para situaciones de guerra formal entre Estados, su lenguaje amplio ha sido objeto de controversia y ha sido activada solo en momentos extraordinarios: la Guerra de 1812, la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
En esos contextos se justificaron detenciones masivas de personas de origen alemán, italiano y japonés, residentes legales en EE.UU.
El regreso de una ley del siglo XVIII
El pasado 15 de marzo, Donald Trump invocó esta ley para ordenar la deportación acelerada de más de 200 migrantes venezolanos, señalados de formar parte del Tren de Aragua. Varios fueron enviados a El Salvador y recluidos bajo condiciones de máxima seguridad. La medida fue criticada por abogados y defensores de derechos humanos, quienes advirtieron que se estaba vulnerando el derecho a una defensa justa.
Reacción de Trump
Tras el fallo, Trump reaccionó con dureza en su red social Truth Social, calificando la decisión como un “día malo y peligroso para Estados Unidos”. Señaló que el dictamen permitirá que “los peores asesinos, narcotraficantes y pandilleros” permanezcan en el país durante años gracias a procesos judiciales prolongados, impidiendo al gobierno “hacer lo que fue elegido para hacer”.
El expresidente arremetió contra el actual mandatario, Joe Biden, acusándolo de permitir la entrada de millones de inmigrantes irregulares sin control, y agradeció a los jueces Alito y Thomas por su respaldo.