La Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, con sede en Boston, rechazó este lunes la solicitud de la administración del expresidente Donald Trump para revocar el programa de parole humanitario que beneficia a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
La decisión representa un nuevo revés para los intentos de cancelar este mecanismo que ha permitido la entrada legal y temporal de más de 530,000 migrantes a Estados Unidos.
El programa de parole humanitario, conocido oficialmente como CHNV, fue lanzado en enero de 2023 bajo el gobierno de Joe Biden como parte de una estrategia para frenar la migración irregular. A través de este plan, ciudadanos de los cuatro países pueden ingresar a EE. UU. por un período inicial de hasta dos años, con permiso de trabajo, siempre que cuenten con un patrocinador financiero en el país.
Esta medida fue presentada como una alternativa legal y ordenada frente al creciente flujo migratorio por las fronteras terrestres.
En abril de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ya bajo una administración republicana, anunció la terminación del programa, argumentando que no era sostenible y que su implementación excedía las facultades del Ejecutivo.
En respuesta, diversas organizaciones civiles defensoras de derechos migratorios presentaron una demanda alegando que la revocación era arbitraria, masiva y sin análisis individual, lo que violaba los procedimientos administrativos establecidos por la ley.
La jueza federal Indira Talwani, del Tribunal de Distrito de Massachusetts, dio la razón a los demandantes y ordenó suspender de manera temporal la cancelación del parole, señalando que el gobierno no justificó adecuadamente su decisión ni ofreció un proceso de revisión «caso por caso», como exige la ley para este tipo de acciones.
Ante esa decisión, la administración de Donald Trump presentó una apelación, en la que sostuvo que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tiene plena autoridad para revocar programas como el CHNV. Además, argumentó que mantener a cientos de miles de extranjeros bajo este estatus afectaba la capacidad operativa del sistema migratorio.
No obstante, la Corte de Apelaciones respaldó la orden de la jueza Talwani y dejó en firme la suspensión de la revocación, subrayando que el gobierno no demostró que se hubieran seguido los procedimientos adecuados. De este modo, el programa de parole humanitario continúa vigente mientras el caso sigue su curso judicial.
El gobierno federal aún podría acudir a la Corte Suprema para intentar revertir esta decisión, aunque no se ha confirmado si lo hará.
