Cuba anuncia la publicación del anteproyecto del Código de Trabajo de Cuba, que será sometido a consulta popular en los colectivos laborales entre el 8 de septiembre y el 30 de noviembre de 2025.
Se trata de un texto amplio que busca actualizar la legislación laboral vigente desde 2013, respondiendo a los cambios en el modelo económico y a la incorporación de nuevas formas de gestión.
El anteproyecto está compuesto por 4 libros, 20 títulos, 69 capítulos y 525 artículos, pero su esencia puede resumirse en 33 políticas fundamentales que marcan la dirección del nuevo marco laboral.
A continuación, te mostramos las principales propuestas que recoge este documento:
Principales políticas del Anteproyecto del Código de Trabajo (2025)
1. Ampliación del objeto del Código: El nuevo Código no solo regulará la relación laboral entre trabajador y empleador, sino también las garantías para acceder a un empleo digno, los mecanismos de solución de conflictos individuales y colectivos, y los principios sindicales. Se busca un marco legal más integral que reconozca al trabajo como derecho, deber y valor social.
2. Alcance universal: La norma se aplicará a todos los trabajadores y empleadores del país, independientemente del sector. Por primera vez se incluyen expresamente a las MIPYMES, cooperativas, proyectos locales y cuentapropistas como empleadores sujetos a las obligaciones laborales.
3. Empleo en la inversión extranjera: Se reafirma que en las entidades de inversión extranjera al menos 85% del personal debe ser cubano o residente permanente. Solo de forma excepcional podrá aprobarse un porcentaje menor, previa consulta sindical y autorización del MTSS.
4. Reconocimiento del trabajo autónomo: Se crea la figura del trabajador autónomo, definido como quien labora por cuenta propia sin subordinación ni empleados. Se le reconocen derechos laborales, seguridad social y acceso a la vía judicial en caso de vulneraciones.
5. Principios rectores: El Código incorporará nuevos principios: irrenunciabilidad de los derechos, progresividad, estabilidad laboral, igualdad de remuneración, prohibición del trabajo forzoso y de la discriminación, y participación colectiva. Esto refuerza garantías que antes no estaban explícitas.
6. Empleo digno: El Estado deberá garantizar que el acceso al empleo se haga bajo condiciones de libertad, equidad, seguridad y justicia social. El empleo digno implicará capacitación, salario justo, entornos seguros y la posibilidad de ejercer plenamente los derechos colectivos.
7. Edad mínima para trabajar: Se fija en 18 años la edad laboral general, aunque de forma excepcional se podrá emplear a adolescentes de 15 a 17 años con autorización y bajo control especial. Esto adecua la legislación a los convenios internacionales sobre trabajo infantil.
8. Traslado de trabajadores: Se extiende a todo el país la posibilidad de movilizar trabajadores hacia territorios con déficit de mano de obra. Los empleadores deberán garantizar condiciones de vida, alojamiento y el retorno a la provincia de origen.
9. Acceso al empleo de grupos priorizados: Los servicios de empleo territorial deberán dar prioridad a jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, egresados de la educación especial, exmilitares y personas en situación de vulnerabilidad o con sanciones penales en libertad.
10. Inclusión de personas con discapacidad: Los empleadores tendrán la obligación de realizar ajustes razonables en los puestos de trabajo para garantizar acceso y desarrollo. Además, se prevén beneficios fiscales para quienes contraten a personas con discapacidad o egresados de escuelas especiales.
11. Contratos laborales: Se regula con más precisión el contrato por tiempo indeterminado, por tiempo determinado y por obra. Se prohíbe usar contratos temporales en labores permanentes, salvo en excepciones justificadas.
12. Contratos de temporada: El MTSS podrá autorizar contratos por tiempo indeterminado para labores cíclicas o de temporada (ejemplo: agricultura o turismo), previa consulta sindical y con requisitos claros.
13. Trabajadores de confianza: Se introduce la categoría de “persona trabajadora de confianza” para quienes ocupen cargos con alta discrecionalidad (operarios clave, técnicos, administrativos). Se regularán sus competencias y condiciones de permanencia.
14. Límite al pluriempleo: Se establece que la jornada máxima para quienes ejercen pluriempleo será de 13 horas diarias (combinando jornada completa y parcial). Además, se reconoce la pluriactividad (cuando un trabajador combina empleo subordinado con trabajo autónomo).
15. Gestión por competencias: El principio de capacidad demostrada se refuerza, introduciendo la gestión por competencias como criterio para contratación, permanencia, promoción y capacitación.
16. Protección ante desastres: Se garantiza hasta un mes de salario básico para trabajadores afectados por desastres naturales.
17. Estudiantes y práctica laboral: Se reconoce el derecho de estudiantes de nivel medio y superior a ser contratados anticipadamente durante su práctica laboral, recibiendo salario y derechos de seguridad social.
18. Servicio social: Se reduce de tres a dos años el tiempo obligatorio de servicio social. Podrá cumplirse también en el sector no estatal mediante convenios con el MTSS, con excepciones justificadas (como superación académica en el extranjero).
19. Licencias por viaje al exterior: El jefe de la entidad podrá prorrogar hasta un año la licencia no retribuida para trabajadores que viajen al extranjero por asuntos personales y no puedan regresar en el plazo inicial.
20. Licencias para cuidados familiares: Se garantiza a trabajadores con familiares en situación de dependencia el derecho a obtener licencias no retribuidas, previa certificación médica, sin necesidad de causar baja en la entidad.
21. Terminación de la relación laboral por causas económicas: Se autoriza el cese laboral por motivos económicos, tecnológicos o estructurales, eliminando la figura de “trabajador disponible”. Los afectados recibirán protección económica de hasta seis meses de salario básico.
22. Protección en caso de suspensión de actividad: Trabajadores contratados por empleadores personas naturales tendrán derecho a un mes de salario en caso de suspensión temporal de la actividad o cancelación de la autorización.
23. Seguro de desempleo obligatorio: Se obliga a los empleadores (salvo instituciones presupuestadas) a contratar un seguro de desempleo para cubrir ingresos de trabajadores ante interrupciones, cierres o disoluciones.
24. Regulación del teletrabajo: Se reconoce el derecho a la desconexión digital, cuando se teletrabajo para no ser contactado fuera de horario laboral. Se regulan los gastos derivados, la seguridad laboral, la reversibilidad y la conciliación entre vida laboral y familiar.
25. Descentralización de regímenes excepcionales: Se transfiere a las empresas la facultad de aprobar regímenes de trabajo y descanso excepcionales, que antes dependían de instancias superiores.
26. Concepto ampliado de remuneración: El salario incluirá no solo el sueldo básico, sino también otros ingresos asociados a los resultados del trabajo, que se tomarán en cuenta para la seguridad social.
27. Cálculo del salario promedio: Se redefine el cálculo del salario promedio con base en los últimos 12 meses, buscando mayor correspondencia con los ingresos reales.
28. Seguridad y salud en el trabajo: Se amplían las obligaciones del empleador en prevención de riesgos, accidentes de trayecto y protección en trabajos de alto riesgo.
29. Justicia laboral: Los trabajadores podrán recurrir a la vía judicial en caso de inconformidad con sanciones, medidas disciplinarias o despidos por causas económicas. Esto amplía el acceso a tribunales.
30. Procedimientos disciplinarios: Se introduce mayor transparencia y debido proceso en las medidas disciplinarias, eliminando vías administrativas cerradas y garantizando la posibilidad de acudir a tribunales en más casos.
31. Negociación colectiva y participación sindical: Las decisiones del empleador deberán adoptarse de común acuerdo con la organización sindical. Se fortalece la negociación colectiva y la participación de los trabajadores en la gestión de las entidades.
32. Administración del trabajo: Se reconoce al Servicio de Gestión de Empleo Territorial como parte de la Administración del Trabajo, con un rol activo en la colocación, capacitación y vinculación laboral.
33. Eliminación de multas administrativas: Se elimina la potestad de los inspectores de imponer multas directamente. Ahora, en caso de incumplimiento laboral, serán las autoridades competentes las que apliquen las sanciones correspondientes.
El anteproyecto será discutido en miles de centros de trabajo en todo el país. El objetivo, según el MINJUS, es recoger propuestas y enriquecer el texto antes de su presentación a la Asamblea Nacional.


