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Edificios en Cuba podrían arrendar áreas comunes con nueva Ley de la Vivienda

Esta posibilidad aparece en el Proyecto de Ley de la Vivienda. Aún no está publicada como ley vigente ni puede asumirse como procedimiento disponible.
Dcubanos julio 12, 2026 7 minutos de lectura

Hasta ahora, la idea de que los vecinos de un edificio multifamiliar en Cuba pudieran arrendar áreas comunes, un local, un garaje colectivo, un área de uso compartido, y destinar ese ingreso al mantenimiento del propio edificio no tenía respaldo legal fijado.

El proyecto de nueva Ley de Vivienda, de la Asamblea Nacional de Cuba, pero aún pendiente de publicación en la Gaceta Oficial y por tanto sin vigor, introduce por primera vez esta posibilidad.

¿Qué dice exactamente el Proyecto de Ley de la Vivienda sobre el arrendamiento de espacios comunes en edificios?

El artículo 156.j del Proyecto de Ley de la Vivienda, dedicado a las atribuciones de la Junta de Administración, establece entre sus funciones la de solicitar licencia para arrendar espacios comunes del edificio. La norma añade dos condiciones que merecen atención:

La primera es la unanimidad. A diferencia de la regla general que rige para el resto de los acuerdos de la Junta, que se aprueban por mayoría simple de votos (art. 154), el arrendamiento de espacios comunes requiere la aprobación de la totalidad de los titulares. Es una decisión que afecta el patrimonio común de todos. Un solo titular en contra bloquea la posibilidad de arrendar estos espacios.

La segunda condición es la transparencia en el manejo de los fondos. Los ingresos generados por ese arrendamiento no pueden manejarse de forma informal: deben depositarse en una cuenta bancaria abierta específicamente a nombre de la Junta de Administración, lo que garantiza su destino colectivo y su trazabilidad.

Una vez adoptado el acuerdo por unanimidad, este tiene efectos vinculantes para todos los titulares (art. 157), sin posibilidad de eximirse de sus consecuencias.

¿Por qué es una novedad relevante?

Bajo la Ley General de la Vivienda vigente (Ley 65/1988) y la Resolución 4/1991, los espacios comunes de un edificio, azoteas, patios, garajes colectivos, locales podían usarse conforme a su destino, pero no existía un mecanismo legal que permitiera a los vecinos obtener ingresos de ellos de forma colectiva y organizada.

El Proyecto cambia eso al reconocer expresamente la Junta de Administración como sujeto con capacidad para solicitar licencias de arrendamiento, gestionar cuentas bancarias propias y destinar esos fondos al mantenimiento común.

¿Qué espacios comunes podrían arrendarse y a quién en Cuba?

El Proyecto dedica un capítulo a la propiedad horizontal. En ese régimen, se aplicarían las reglas a edificios de pisos o apartamentos, u otros inmuebles donde existan elementos privativos y comunes. También considera edificios multifamiliares a las construcciones con dos o más viviendas, unidades industriales, comercios, servicios u otros espacios que compartan elementos comunes.

El Proyecto no especifica qué tipos de espacios comunes pueden arrendarse ni a quién pueden arrendarse. Pero el arrendamiento podría tener sentido, por ejemplo, cuando exista un local común de edificio, un área de servicio, una parte aprovechable del inmueble o un espacio que pueda usarse económicamente sin afectar la seguridad, la convivencia ni el derecho de los demás vecinos.

En cuanto a los posibles arrendatarios, aunque el Proyecto no lo precisa, lo más probable es que la opción incluya tanto personas naturales como jurídicas. Las personas jurídicas, empresas, MiPymes, cooperativas serían en la práctica los actores con mayor capacidad para asumir el costo de un arrendamiento de espacios comunes y darles un uso comercial sostenible.

El problema: los espacios comunes ya apropiados

Antes de que este mecanismo pueda aplicarse en muchos edificios, hay un obstáculo previo que el Proyecto no aborda: en una parte significativa de los edificios multifamiliares cubanos, espacios que son legalmente comunes llevan años ocupados y convertidos en áreas privadas por algunos vecinos, sin respaldo legal

Espacios que en teoría podrían arrendarse colectivamente, pero que en la práctica ya tienen un ocupante y que en muchos no figura en ningún contrato o titularidad.

Regularizar esas situaciones será condición previa para que el mecanismo funcione en muchos edificios, y eso requerirá voluntad, capacidad de gestión y, en algunos casos, conflictos vecinales.

El contexto: un modelo de autogestión que se consolida

Esta medida no es aislada. El Proyecto elimina la distinción que establecía la Ley 65/1988 (con sus posteriores modificaciones) entre edificios de administración propia y edificios de administración municipal, e introduce el concepto unificado de propiedad horizontal para todos los inmuebles con elementos comunes.

En ese nuevo modelo, la Junta de Administración, integrada por la totalidad de los titulares, asume la gestión real del edificio: fija cuotas, aprueba gastos, contrata servicios, gestiona cuentas bancarias y ahora también puede arrendar espacios comunes.

La Dirección Municipal de la Vivienda pasa a un rol de supervisión y resolución de conflictos, no de gestión directa.

Lo que falta por definir

Que el Proyecto reconozca esta posibilidad no significa que sea sencilla de aplicar.

Quedan preguntas abiertas: ¿qué tipo de licencia se requiere y ante qué organismo se tramita? ¿Qué usos están permitidos en esos espacios? ¿Qué ocurre si el arrendatario causa daños en el espacio común? Estas respuestas dependerán del reglamento complementario.

Lo que el Proyecto sí deja claro es: los vecinos de un edificio multifamiliar en Cuba tendrán, cuando la ley entre en vigor, una herramienta legal para convertir sus espacios comunes en una fuente de ingresos para el propio edificio. Una novedad que, bien aplicada, podría cambiar la forma en que muchas comunidades enfrentan el deterioro acumulado de sus inmuebles.

¿Qué se deberá tener en cuenta en la práctica?

Cuba tiene cientos de edificios multifamiliares con decenas de apartamentos cada uno, historias de convivencia compleja, y una cultura de gestión colectiva que, como reconocen hasta los análisis oficiales, nunca terminó de consolidarse bajo el Reglamento de 1991. En ese contexto, lograr la unanimidad de todos los titulares para arrendar un espacio común no es un trámite administrativo: es un reto humano y organizativo.

Basta un solo titular en desacuerdo, por razones legítimas, por desconfianza, por conflictos previos con otros vecinos, o simplemente por inercia, para que la posibilidad de arrendamiento quede bloqueada indefinidamente.

Hay además una pregunta de fondo que el Proyecto no responde: ¿quién fiscaliza que los fondos del arrendamiento se usen efectivamente en el mantenimiento del edificio? La obligación de depositar en cuenta bancaria a nombre de la Junta es una garantía de transparencia, pero no de control. La experiencia de otros países con modelos similares muestra que la transparencia en la gestión de fondos comunitarios requiere mecanismos de rendición de cuentas.

El Proyecto transfiere a los vecinos una herramienta real, pero también una responsabilidad que durante décadas fue, al menos formalmente, del Estado.

La pregunta que muchos residentes de edificios multifamiliares en Cuba se harán cuando la ley entre en vigor no será solo «¿podemos arrendar el local de la planta baja?» sino algo más estructural: ¿tenemos la organización, la confianza mutua y los mecanismos de control necesarios para gestionarlo bien?

La ley abre la puerta. Cruzarla dependerá de cada comunidad.

Ver más en información en: Proyecto de Ley de Vivienda (pendiente de publicación en Gaceta Oficial), arts. 154, 156 y 157.

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Tags: Leyes y resoluciones en Cuba Vivienda en Cuba

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